•Agotaremos las vías civiles y pacíficas para exigir el respeto al voto.
•Los tribunales deben refrendar su compromiso con la sociedad.

Las evidencias innegables que en Coahuila se perpetró otra elección de Estado deben ser atendidas por el Tribunal Electoral. La ambigüedad, permisividad e indolencia con la que ha actuado el INE es muy preocupante, dada la cercanía de la elección presidencial de 2018. Tal pareciera que Coahuila y el Estado de México se constituyeron en laboratorios de la ilegalidad e impunidad electoral.
Las contradicciones entre el conteo rápido y las primeras cifras arrojadas por el PREP fueron la primera señal de alarma. Pasamos de ver una ventaja de dos puntos a favor de Guillermo Anaya a toda una escalada de irregularidades que el IEC ha validado hasta este día, pretendiendo consumar el fraude.
La posición unánime del PAN, Morena, PT y dos candidatos independientes fue la condena del fraude y el retiro de sus representantes del cómputo de actas procedentes de paquetes electorales violados, evidentemente abiertos y transportados y resguardados de modo irregular por la policía estatal.
En Coahuila como en el Estado de México, hasta las corporaciones policiacas se sumaron al operativo de gran escala de delincuencia electoral.
Permitir este robo a la voluntad de la ciudadanía, es garantizar la permanencia de gobiernos emanados del crimen. Los Moreira están llevando a Coahuila a un clima de confrontación social indeseable en un contexto de normalidad democrática.
Chiapas se suma a la condena del fraude electoral como mecanismo para perpetuar en el poder a políticos indeseables.
Es la hora de la democracia y es la hora de los tribunales. México continuará su camino a la democracia a pesar del PRI, de sus instituciones viciadas y de sus estructuras corruptas.