Con el nombramiento de magistrados por 15 años, se aprobó por mayoría priista la reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, que fue diseñado a modo para proteger al Gobernador Rubén Moreira lo que resta de su administración y durante el plazo que duren en el cargo los magistrados que él mismo designará.
En Sesión Ordinaria, las y los Diputados del PAN, Yolanda Acuña, Lariza Montiel, Armando Pruneda y Jesús de León votaron en contra la reforma enviada por el Ejecutivo del Estado, “Es una ley rabona que se ajusta a cumplir lo mínimo que están exigiendo a nivel nacional, como si Coahuila no está obligado a dar el máximo por el tema de la transparencia y rendición de cuentas” señaló Jesús de León
En las discusiones previas a presentar el Dictamen, la mayoría priísta no aceptó crear un Comité Ciudadano de Evaluación que pueda revisar los perfiles de quienes van a fungir como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción.
“La experiencia nos dice que después nombran a personas que su trabajo será tapar las irregularidades que se han cometido en la función pública” expresó.
Si bien la aprobación de estos perfiles debe estar a cargo del Congreso del Estado, en el proceso previo de selección se debe garantizar la participación de un comité ciudadano.
Cese del Auditor Superior
También se puso a consideración y fue rechazada, una propuesta del PAN para el cese inmediato del auditor Armando Plata una vez aprobada la reforma constitucional, a fin de que en el Sistema Estatal Anticorrupción se convoque a un nuevo proceso para elegir otro auditor.
“Ha quedo demostrado que el auditor es el eslabón mas endeble en el tema de la impunidad en la mega deuda y las empresa fantasma” agregó Jesús de León.
Fiscal de Delitos Electorales
Otro planteamiento de Acción Nacional fue crear la figura de un Fiscal con autonomía de gestión, presupuestal y funcional en el tema de delitos electorales, que incluso ya está contemplado a nivel nacional, pero en lo local no se agregó al Dictamen, pese a que en Coahuila se utilizan y destinan recursos públicos a las campañas políticas, que también representan actos de corrupción.
Un exceso nombrar a magistrados por 15 años
El Diputado Jesús de León reiteró el desacuerdo en que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila sean nombrados en el cargo por un periodo excesivo de 15 años, puesto que además serán elegidos por el Gobernador para tenerlos a su disposición durante todos esos años.
Participación ciudadana en Consejo de la Judicatura
La participación ciudadana en el Consejo de la Judicatura fue otra de las propuestas de los Diputados del PAN, a razón de que los nombramientos que se hacen actualmente y los procesos de sanción son prácticamente a escondidas, a espaldas de la ciudadanía, esto también fue rechazado por mayoría del PRI.
Plantean obligatoriedad de comparecencia de funcionarios
Una disposición de la reforma del Ejecutivo es que todos los secretarios y todos los funcionarios públicos deben tener el consentimiento del Gobernador para acudir a comparecer al Congreso.
Esto resulta una barbaridad, ya que la propuesta del PAN es quitar los obstáculos y establecer que los secretarios de estado y los titulares de organismos públicos autónomos estén obligados a comparecer al Congreso.
La Diputada Yolanda Acuña también subió a Tribuna para argumentar el voto en contra del PAN, donde destacó que la reforma fue una mala copia de la Constitución Federal porque omite crear la Fiscalía de Delitos Electorales.
Por su parte, la Diputada Lariza Montiel presentó la reserva de los Artículos 53, 67, 89,113, 114, 143 y 146 de la Iniciativa de reforman de la Constitución Política del Estado, encaminadas principalmente en la apertura y participación ciudadana en la designación de los puestos claves en el Sistema Estatal Anticorrupción.
Recordó que desde septiembre del 2016, presento una Iniciativa para crear el Sistema Estatal Anticorrupción y desde entonces se pudo abrir el dialogo, pero no fue así porque se tuvo que esperar por parte de los legisladores a la iniciativa del Ejecutivo.
Cabe señalar que el PRI miente cuando afirman que escucharon a la Alianza Anticorrupción (que conforman 109 asociaciones en el estado). O para decirlo claro: los usaron para legitimar su albazo legislativo.
Asimismo, en un momento en que se está impugnando el proceso electoral y se está exigiendo no solo la anulación de éste, sino también juicio político para el mayor responsable del fraude, es una mala broma la aprobación de esta ley, fraudulenta también en su contenido