Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN y de UDC así como el dirigente estatal del PAN, presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado una acción de inconstitucionalidad para invalidar la reforma a la Ley Orgánica del Congreso aprobada indebidamente por la mayoría priísta en la pasada legislatura.

Las y los diputados Marcelo Torres Cofiño, María Eugenia Cázares Martínez, Gerardo Aguado Gómez, Blanca Eppen Canales, Gabriela Garza Galván, Juan Carlos Guerra López Negrete, Rosa Nilda González Noriega, Fernando Izaguirre Valdés y Juan Antonio García Villa entregaron la demanda en las instalaciones del Tribunal y fueron recibidos por el magistrado Juan Antonio Martínez Gómez con quien tuvieron una breve audiencia.

También acudieron el diputado Emilio de Hoyos Montemayor en representación de UDC y el dirigente estatal del PAN, Bernardo González Morales.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, Marcelo Torres Cofiño señaló que en la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, aprobada el 27 de diciembre del 2017 , el gobernador Miguel Riquelme y los legisladores del PRI pretenden coartar la libre asociación política e ideológica entre dos o más grupos parlamentarios por el temor de que se conforme un bloque en contra de las políticas irregulares y corruptas del clan Moreira, al que pertenece también el actual gobernador, sin embargo no podrán evitar que la oposición se una de otras maneras.

La Diputada María Eugenia Cázares agregó que otra intención fue evitar cualquier modificación a la Ley Orgánica que pudiera hoy afectarles a los legisladores del PRI que no tienen mayoría, ante esto solicitó a los magistrados la pronta resolución de la acción de inconstitucionalidad, que se apeguen a las normas y se respete la autonomía del Congreso.

Por su parte, el Diputado Gerardo Aguado Gómez explicó que pese a que los diputados del PRI modificaron la Ley Orgánica para que se necesite mayoría calificada para reformar dicho ordenamiento, la Constitución local no dispone que la materia relativa a la ley orgánica del Congreso requiera mayoría calificada de las dos terceras partes, por lo que el candado que pretendió imponer el PRI es inconstitucional, aunado a que se violaron todos los procesos del legislativo, por lo que se busca declarar la invalidez de esa modificación a la ley e incluso transitar a una reforma bien hecha.

Mientras que el Diputado Juan Antonio García Villa afirmó que el Tribunal tiene facultades para declarar la invalidad cuando hay esas contradicciones entre una ley de jerarquía inferior y la Constitución Política del Estado de jerarquía superior, que es lo que se está solicitando.

Los demandantes recalcaron que la constitución local señala expresamente en los artículos 52 y 62 BIS, que se requiere el voto de las dos terceras partes de la legislatura, sólo cuando se presenten iniciativas en materia electoral, derechos humanos, deuda pública, cuestiones financieras y fiscalización, entre otras, pero no se requiere tal tipo de votación para reformar la Ley Orgánica.

También la reforma combatida violenta lo dispuesto en los artículos 7 y 8 constitucionales, porque al prohibir la conformación de grupos parlamentarios mixtos o bloques parlamentarios, integrados por los representantes de diversos partidos políticos que tienen representación en el Congreso local, violentan el derecho humano constitucional a la libertad de asociación y de libre expresión de las ideas, además de que vulnera gravemente la forma representativa, libre y soberana del régimen interior del funcionamiento del parlamento.