El Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez solicitó que la Comisión de Auditoría del Congreso,  en coordinación con la Auditoría Superior del Estado, inicien a la brevedad los trabajos para esclarecer lo relacionado a las Empresas Fantasma, tomando en cuenta que se le detectaron a la Secretaría de Finanzas irregularidades por un monto de $410, 061,771.56.

 

El Diputado presentó un Punto de Acuerdo en el que solicitó que entre los trabajos se incluya lo relativo a las responsabilidades que se deriven de este caso y que la Comisión solicite a  los Secretarios de Finanzas y de Fiscalización y Rendición de Cuentas los informes relativos a las empresas fantasma.

 

En fecha reciente, dentro del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior del Estado publicó un documento denominado “Cumplimiento de los Puntos de Acuerdo turnados a la Auditoría Superior del Estado, por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Coahuila” donde revela que en el rubro de egresos,  la Secretaría de Finanzas tiene 179 observaciones por un valor de $410, 061,771.56.

 

Estas se deben a la falta de comprobación o documentación insuficiente para justificar la erogación de más de 400 millones de pesos en operaciones realizadas con 13 empresas proveedoras, de acuerdo con el propio informe.

 

Además hubo incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, o de otras disposiciones normativas, integrados en 136 observaciones.

 

Las principales observaciones detectadas son que los proveedores no proporcionaron la documentación que justifique la prestación de los servicios, en algunos casos no proporcionaron el expediente técnico del proceso de adjudicación de acuerdo con la ley  o algunos proveedores de bienes, no proporcionaron la documentación que justifique la recepción y destino de los bienes entre otras.

 

“Estas empresas fantasma son, un claro y muy grave ejemplo de corrupción al más alto nivel de la administración saliente. Se trata de un caso que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, y que las autoridades consigan obtener el resarcimiento de los daños al erario estatal” apuntó.

 

El Punto de Acuerdo que contiene la propuesta fue turnado a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública.