Saltillo, Coahuila, a 24 de mayo de 2017.- “El PRI y Miguel Riquelme están perdidos y desesperados. Han tejido tanto su telaraña de mentiras que ya se empezaron a enredar ellos mismos, pero la cosa es muy sencilla y clara, Riquelme a través de sus prestanombres hizo una red de corrupción y lavado de dinero, y lo hicieron tan descaradamente que dejaron todas las evidencias, mismas que aquí presento”, dijo esta mañana a los medios de comunicación el Senador Luis Fernando Salazar.
Respecto al boletín circulado por el PRI de Torreón, Salazar enfatizó que desesperados respondieron como siempre a base de mentiras. Citando y desvirtuando, punto por punto las respuestas difundidas por los príistas, expuso que en el caso de VIBLA EDIFICACIONES, S. A., respecto de la cual aseguran los príistas no ser propiedad de Lauro Villarreal Navarro, manifestó: “En ningún momento se afirmó que la misma fuera propiedad directa de él, lo que se señaló y se acreditó es que en ella figura como accionista Carlos Lauro Villarreal Blake, hijo del ex contralor de Torreón. En el mismo caso, se encuentra PROYECTOS DE INGENIERIA LAGUNA, S. A. en la que igualmente los príistas aseguran que Gerardo Berlanga Gotés, director de obras públicas de Torreón, no es propietario. Nosotros nunca dijimos que él apareciera como propietario, sino que su hijo, Gerardo Berlanga Santibáñez, es quien aparece como accionista, también es importante destacar, que el comisario de VIBLA EDIFICACIONES, es Javier Lechuga Jiménez, Contralor del municipio de Torreón, lo cual también esta plenamente acreditado”, acusó el Senador.
En el caso de Constructora y Estructuras Laguna S.A. de C.V., el PRI señala que ninguno de los dueños son funcionarios de la actual administración municipal, sin embargo, el Senador documentó que dicha empresa, sí es propiedad de Gabriel Díaz Couder, un ex subordinado de Berlanga Gotés por más de 8 años. Asimismo, acreditó que dicha empresa, al igual que Proyectos de Ingeniería Laguna, (propiedad de Berlanga Santibañez), fueron fundadas por Daniel Saucedo Álvarez, y que ambas empresas compartieron domicilio dentro de un inmueble propiedad de la Sra. Karina Santibáñez De Berlanga, esposa de Gerardo Berlanga Gotés.
Respecto al caso de la señora Arisol Vanessa Rodríguez García, a quien los príistas describen como una proveedora “plenamente avalada”, el Senador documentó que Arisol es beneficiaria del padrón del INEA, por lo que resulta contradictorio que durante la actual administración se le hayan adjudicado de manera directa obras por más de 11 millones de pesos. “Fui personalmente a hacer una revisión de los 3 domicilios que tiene registrados Arisol, dos en la Colonia Compresora y uno en la Colonia La Merced de Torreón, y en ninguno se advierte que sea el domicilio de una constructora”, manifestó
En lo concerniente a la empresa CAMEL 23, S. A., los mismos priístas reconocen que es proveedora de SIMAS, pues bien, la empresa es propiedad de Fernando Campa Elías, quien es socio del director de SIMAS, Xavier Herrera Arroyo, en la empresa EVENTOS HEROCA S. A., por lo que está de más señalar el conflicto de intereses que se actualiza en este caso.
Adicionalmente, el Senador exhibió que el domicilio que CAMEL 23 tiene registrado en el padrón de proveedores del municipio corresponde a una bodega abandonada, así como que otra de sus principales accionistas es Ana María García Castro, beneficiaria de los programas sociales de la presente administración de Torreón en los programas de despensas y tortillas. En EVENTOS HEROCA, el tercer socio es Víctor Manuel Rodríguez Sánchez, director general de servicios administrativos del gobierno de Torreón, lo que hace aún mas evidente el contubernio.
Finalmente, respecto a MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SACRO, S. A., el Senador señaló que fue constituida a pocos meses de iniciada la administración de Miguel Riquelme, y que la misma tiene como accionista a Esmeralda Isabel Soto Rodríguez, quien también es beneficiaria del programa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Como lo acredita el acta constitutiva de fecha 10 de septiembre de 2014, esta empresa solo cuenta con un capital social de $50,000.00 pesos, cantidad mínima indispensable para poder constituirse como tal, por lo que evidentemente no contaba con la experiencia ni capacidad financiera para hacerse acreedora al contrato PDR-001-15 de fecha 29 de noviembre de 2015, equivalente a la cantidad de 27 millones 811 pesos.
Salazar Fernández entregó copias de las actas constitutivas que sustentan todas sus acusaciones y anunció que este mismo día se presentaron denuncias penales en contra de Miguel Ángel Riquelme Solís, Xavier Alaín Herrera Arroyo, Fernando Campa Elías, Aldo Daniel González Ceniceros, Norma Cecilia Juárez López, y quienes resulten responsables, por los delitos de negociación ilícita, encubrimiento, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.