Se aprobó la propuesta de la diputada María Eugenia Cázares, para que el Congreso solicite a los 38 municipios por igual que cumplan en tiempo y forma con la publicación de los datos que establece la Ley de Desarrollo Social del Estado, a fin de evitar el uso electoral de los programas del rubro, y en su caso, la sospecha de que se utilizan para tal fin.

La legisladora mencionó que en la sesión del pasado 06 de abril, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un Punto de Acuerdo en el que solicitaron al Ayuntamiento de Torreón que informara las reglas de operación de los programas sociales, entre otros datos.

“Luego del debate entre el grupo promovente que realizó diversas imputaciones al municipio de Torreón, acusando la supuesta falta de transparencia en los programas sociales, y tras las aclaraciones precisas ofrecidas por nuestro grupo parlamentario, arribamos a la conclusión de que el mismo deber de transparentar todo lo relativo a los programas sociales debía hacerse extensivo a los 38 municipios de la entidad” señaló María Eugenia Cázares.

Agregó que en esa ocasión el PRI rechazó la propuesta del PAN de extender el exhorto a todos los municipios por igual y sin distingo de partidos, aun cuando la mayoría de los Ayuntamientos no presenta en sus portales ni siquiera la información mínima establecida en la ley de la materia, como fue el caso de Saltillo que el mismo día del debate se constató que no cumplía con la publicación de la información mencionada.

Desde el pasado proceso electoral en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral acordó mecanismos para evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad.

En el acuerdo, hace referencia a que el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena la publicación de ocho rubros temáticos: tipo, identificación, presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, indicadores, ejecución y padrón de beneficiarios.

Los programas sociales que no cuenten con reglas de operación publicadas en los términos que establece la normatividad o que se publiquen, pero no de acuerdo a lo que obliga la ley, representan un indicio para considerar que su uso puede tener fines electorales.

Es por eso que, en el PAN, comprometidos con la transparencia y en congruencia, es que se solicita a los municipios que toda la información sea pública.