La Diputada María Eugenia Cázares, solicitó que el Congreso del Estado de vista a la Auditoría Superior del Estado del caso de las empresas fantasma mediante las cuales se presume que la Universidad Autónoma de Coahuila desvío de más de 400millones de pesos, e inicie la investigación correspondiente.
A la par de esto, la vice coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN pidió a la Comisión General de Hacienda así como al titular del Órgano Interno de Control, ambos de la Universidad Autónoma de Coahuila, informen el estatus o situación legal de las empresas que son sus proveedoras y que son señaladas como “empresas fantasma”.
Por ejemplo se pagaron a una supuesta empresa más de 51 millones de pesos por renta de vehículos, otra recibió 41 millones de pesos por “análisis socioeconómicos en la región norte del país para la oferta educativa de la universidad”, a otra se pagaron más de 14.5 millones de pesos por “búsqueda y análisis de información relevante del estado actual de las tecnologías para la fabricación de válvulas mariposa, en patente, artículos técnicos, catálogos, etc.” Y así se realizaron diferentes pagos millonarios por supuestos servicios.
“En Coahuila, el asunto de las empresas creadas para desviar recursos públicos no termina y no ha terminado” dijo ante el Pleno María Eugenia Cázares
Señaló que los más de $400 millones de pesos desviados por medio de empresas, o falsas empresas, del presupuesto de la Universidad Autónoma de Coahuila se llevó a cabo ante los ojos de las autoridades, ya que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los órganos internos de control de cada dependencia, poder público, organismo descentralizado y autónomo, tienen el deber de supervisar el perfil, historia y autenticidad de los proveedores.
En concreto, el Artículo 22. Señala que para la evaluación de las solicitudes de inscripción de una empresa en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal y para el refrendo, el Órgano de Control deberá verificar en forma espontánea el domicilio fiscal y las instalaciones del solicitante, así mismo verificar infraestructura, maquinaria, personal capacitado y demás que considere importantes para dicha evaluación, lo que se hará constar mediante el acta correspondiente, y evidentemente no se realizó.
Por su parte, el Estatuto de la Universidad, establece en su artículo 38 señala como atribuciones de la Comisión General de Hacienda la de supervisar periódicamente, a través del contralor, las actividades de la Tesorería y los departamentos de contabilidad de las unidades, así como Ordenar la realización de auditorías externas para garantizar el buen uso de los bienes de la universidad,
“Estamos ante una situación muy grave, que apunta a probables hechos de corrupción de gran impacto, además, todo con las mismas características de las empresas fantasmas del año 2016, actualmente investigadas por la ASE y por la Fiscalía Anticorrupción del Estado” manifestó.
Solicitó a la Auditoría Superior del Estado) dar celeridad en las investigaciones correspondientes, mayor a la que se ha observado con las empresas fantasma del año 2016.
“Como Poder encargado de la fiscalización de las cuentas públicas, es algo que nos atañe completamente, y desde luego, por tratarse de recursos públicos, estamos autorizados a pedirle informes a la UAdeC, aunque se trate de un organismo autónomo” explicó María Eugenia Cázares.