A solicitud de la Diputada María Eugenia Cázares Martínez el pleno del congreso solicitó a la Secretaría de Finanzas un informe detallado sobre la legalidad del cobro realizado de manera anticipada de los derechos de control vehicular realizados en 2018, pero con cargo al ejercicio fiscal 2019.

Se refirió al programa de prepago 2019 de derechos de control vehicular, implementado a finales del 2018 para quienes desearan pagar anticipadamente tales impuestos, y donde el gobierno estatal ofreció un 30 por ciento de descuento de las placas, sobre el precio del ejercicio 2019

La diputada, quien es coordinadora de la Comisión de Hacienda, explicó que el cobro de los impuestos se limita, entre otros, al principio constitucional de anualidad, lo cual también avala la Suprema Corte de Justicia, esto se refiere a que solo puede recaudarse lo establecido en la ley, durante el año en que las disposiciones fiscales están en vigor, no antes ni después de este periodo.

Es así, que, aun tratándose de estímulos fiscales, estos deben aplicarse durante el ejercicio fiscal correspondiente.

“Este cobro el ilegal y algunos dirán que no es así, porque, por ejemplo, las administraciones cobran impuestos atrasados con recargos de hasta cinco años atrás con relación al ejercicio fiscal que corre; que no es el mismo caso de cobrar impuestos adelantados” aclaró la Diputada María Eugenia Cázares.

Aclaro que es evidente que el gobierno del estado necesitaba recursos para hacerle frente a los compromisos del año pasado y esto al igual que el crédito solicitado por 550 millones es prueba de este desorden administrativo.

El Punto de Acuerdo que contiene la propuesta fue aprobado por unanimidad de votos.